Juicio entre Nintendo y un comerciante de electrónica español por los cartuchos de la consola Nintendo DS

Nintendo, compañia japonesa de sobra conocida por sus consolas de videojuegos, es noticia por un litigio legal que lleva prolongándose varios años entre la empresa y el propietario de una tienda de informática y electrónica de consumo en Ávila, España, por la venta en su catálogo de cartuchos que permiten hacer uso de software ilegítimo en la consola Nintendo DS. Tras acusaciones que no llegaron a ningún acuerdo administrativo y económico definitivo, lo siguiente fue la vía penal. La noticia se ha destacado en diferentes medios por la pena de cárcel que se pide para el comerciante y por el importe de indemnización, 840.000 euros ya que se interpreta que por cada cartucho vendido, unos 1.400, Nintendo ha dejado de facturar aproximadamente 600 euros en videojuegos para Nintendo DS.

El abogado Sánchez Almeida que defiende al comerciante defiende que «tal y como se desarrollaron los hechos no son constitutivos de delito alguno» por lo que sólo cabe la «libre absolución». El fiscal sostiene que el demandado se limitaba a «manipular el hardware para ampliar su utilidad, posibilitando a los usuarios su empleo con fines tanto legítimos como ilegítimos, pero no exclusivamente ilegítimos» y que «ofertaba abiertamente los llamados «cartuchos piratas» a los clientes mediante el correspondiente catálogo, procedentes de otra entidad y no elaborados por él ni por su empresa». El fiscal salmantino, también destaca la defensa, resalta la «clara diferenciación entre los cartuchos originales de Nintendo y los piratas».

El propietario de la tienda Alechip Soluciones Informáticas, Alejandro Fernández, relata que empezó en el año 2008, cuando la compañía comenzó a bloquear en la aduana los productos que importaba desde China. «En ese momento te llaman y te dicen que, o destruyes la mercancía o te demandan. Las primeras veces pagué, pero luego me rebelé y en ese momento comenzaron a lloverme demandas hasta que entraron por la vía penal», comentó. Fernández sostiene que el empleo del cartucho no está forzosamente orientado a la carga de copias piratas. «Las consolas vienen capadas y esos productos permiten ejecutar otras aplicaciones, dentro del cartucho puedes meter cualquier aplicación informática».

Las imágenes de la consola y cartuchos son un ejemplo de este tipo de hardware y no constituyen parte del catálogo vendido en la tienda de electrónica mencionada ni de otros comercios.

El fiscal solicita una pena de tres años y dos meses, mientras que la demanda penal pide 23 años de prisión. La multinacional japonesa acusa al avilesino de varios delitos, casi todos ellos continuados: defraudación de la propiedad intelectual, 12 años de prisión en total, defraudación de la propiedad industrial, 8 años de prisión, y revelación de secretos, tres años más que suman. La Fiscalía solicita tres años y medio: un año y nueve meses por un presunto delito contra la propiedad industrial y la misma pena por otro delito contra la propiedad intelectual.

Ambas partes tendrán que acudir en un juicio oral después para el último cuatrimestre de 2011, en lo que se convertirá en el mayor proceso abierto en España por la propiedad intelectual en los cartuchos que se venden para consolas de videojuegos. La empresa Nintendo argumenta que los cartuchos sólo valen para insertarlos en la DS y que, por tanto, no son productos genéricos para grabar datos informáticos como un DVD o una tarjeta de memoria sino que dañan específicamente la propiedad intelectual de los juegos que se hacen para la consola.

En los cartuchos denominados M3 y R4, que no son difíciles de adquirir en algunas tiendas o contactando por internet con usuarios, se pueden utilizar videojuegos pirateados, también videos en reproducción y otros contenidos multimedia, no necesariamente ilegítimos. Los cartuchos y un software hackean la consola para poder, mediante ampliación de espacio de almacenamiento por tarjetas de memoria externas SD, utilizar juegos que no son originales mediante un emulador, reproducir videos, usar aplicaciones informáticas y mensajería instantanea por red inalámbrica. El cartucho en sí mismo no es ilegítimo, pero una de sus funciones posibles es el uso de software pirateado en la consola Nintendo DS, algo que, según las estimaciones empresariales, estarían haciendo muchos usuarios que los compran.