Protestas en Estados Unidos contra el veto migratorio (I)

El 28 de enero de 2017, la prohibición de entrada a ciudadanos de los países vetados causó que decenas de viajeros que llegaban a los Estados Unidos fueran retenidos en varios aeropuertos estadounidenses, así como se impidió a cientos de pasajeros tomar vuelos a los Estados Unidos. Pese al caos y la confusión generada por la aplicación de la orden ejecutiva no se expulsó a los viajeros que tenían permiso de residencia permanente, denominados «green card holders», ni tampoco a quienes tenían doble nacionalidad, con pasaporte de al menos un país no vetado. Aún así continúa la incertidumbre para aquellos extranjeros que podrían no ser admitidos, incluso aunque tuvieran un permiso permanente de residencia en Estados Unidos, mientras aquellos que están en el país temen que no podrán salir, incluso temporalmente, dado que si su nacionalidad entra en la lista de países vetados u otros de confesión musulmana, no podrán regresar. La orden provocó críticas internacionales, protestas en aeropuertos de las grandes ciudades de Estados Unidos como John F. Kennedy en Nueva York, O’Hare en Chicago, Dulles en Washington, SeaTac en Seattle, Los Angeles, San Francisco, y movilizaciones sociales contra la orden ejecutiva de Trump que se extenderán en las próximas semanas bajo los lemas «Not my president», «I am a Muslim too», «No Muslim Ban», «No Ban No Wall», o en palabras del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio: «We the People, We will have the Final Say».

protestas aeropuertos Estados Unidos veto migratorio musulmanes 2017
Musulmanes rezando en el aeropuerto JFK en protesta por el veto a países de confesión islámica.

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La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para revocar judicialmente la medida contra la inmigración, basándose en los principios de tolerancia religiosa del liberalismo fundacional de la constitución estadounidense, la libertad de culto, y la primera enmienda a la constitución. El departamento de Seguridad Nacional declaró el 28 de enero que la orden había afectado a «menos de un 1%» de los 325.000 viajeros que habían llegado a aeropuertos estadounidenses, estimando que hubo 375 viajeros afectados, 109 estaban en tránsito y a 173 se les impidió tomar sus vuelos. Donald Trump desvió la atención de la medida para bloquear la migración hacia Estados Unidos desde países sospechosos de yihadismo señalando que los mayores problemas en los aeropuertos fueron causados por un colapso del sistema informático de Delta Air Lines que provocó la cancelación de unos 300 vuelos de avión.

Durante el fin de semana del 28 al 29 de enero de 2017, abogados en turno de guardia acudieron al aeropuerto JFK para dar asistencia a los detenidos por la orden ejecutiva, sentándose en el suelo para hacer carteles identificándose como «inmigration lawyers» de modo que los detenidos los pudieran localizar y redactando habeas corpus para tratar de conseguir su inmediata puesta en libertad. En el aeropuerto JFK había hasta 52 detenidos, los afectados tenían situaciones diferentes: había quienes tenían permiso de residencia permanente, denominado «green card», como visados en regla, como familiares que visitaban a ciudadanos estadounidenses desde alguno de los países musulmanes vetados. Pese a la negación de la administración de seguridad nacional se confirmaron algunas deportaciones, aunque la gran mayoría de los retenidos a su llegada a los aeropuertos fueron liberados y se permitió su entrada en Estados Unidos.

inmigration lawyers airport detentions 2017

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Algunos viajeros cancelaron vuelos temiendo que no podrían regresar a Estados Unidos si salían del país, al tener nacionalidad de alguno de los países vetados a pesar de tener un permiso de residencia permanente o visado en regla, solicitaron la devolución del importe a las aerolíneas. Aunque las empresas fueron reticentes al inicio, vieron el beneficio de marca en los trending topics de las redes sociales como Twitter o Facebook, modificando su oferta para proteger a los consumidores afectados.

El baile de cifras prosiguió el 31 de enero, cuando el diario The New York Times confrontó los 109 retenidos según fuentes gubernamentales hasta 721 personas afectadas, que según informes de los funcionarios de seguridad era el total de personas retenidas. The Washington Post elevó el número de afectados a 90 000, cifra virtual sacada de la manga cual prestidigitadores, que se corresponde con el número de visados para viajar a Estados Unidos expedidos en el año 2015 desde los siete países vetados. De ahí el recrudecimiento de los choques de Trump frente a los medios de comunicación que favorecieron a Clinton durante la campaña electoral se haya agravado, acusándoles de ser «Fake News», rechazando contestar a sus periodistas, considerando que son dichos medios de comunicación quienes dividen al pueblo estadounidense y generan crispación en la sociedad para alentar las protestas contra las medidas ejecutivas del presidente con «anarquistas profesionales, delincuentes y manifestantes pagados por la oposición».

manifestación en Harrington contra el veto migratorio a musulmanes, 5 de febrero de 2017

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La orden ejecutiva de Donald Trump prohibiendo la entrada de ciudadanos desde los países vetados por ser focos de yihadismo recibió críticas de la comunidad internacional incluyendo países que históricamente han sido aliados de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que Canadá seguiría dando asilo a refugiados sirios e inmigrantes desplazados por las guerras en Oriente Medio sin importar su confesión religiosa. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se mostró reticente a condenar el decreto, declarando que las políticas en inmigración eran responsabilidad del gobierno de cada país, al haber mantenido una entrevista con Donald Trump el día anterior, desarrollándose protestas para que el presidente de Estados Unidos no fuera recibido en el parlamento británico. Mandatarios europeos se quejaron de que Estados Unidos ponía a la Unión Europea en una situación difícil por la crisis de refugiados. Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania declararon que dar asentamiento a los refugiados que escapan de la guerra era un deber; dada la cristiandad de Estados Unidos como la de Europa, invocaron el valor cristiano del amor al prójimo; el papa Francisco recordó que todos somos migrantes por lo que deberíamos tratar a los foráneos como nos gustaría que nos trataran en su tierra. La sociedad hebrea de ayuda al inmigrante se unió a las protestas, expresando su repulsa a la orden ejecutiva de Trump aprobada deliberadamente en el día internacional en memoria de las víctimas del holocausto, según muchos portavoces con la intención de incitar al odio y alentar el antisemitismo.

De forma hipócrita evitaron recordar que la Unión Europea no había cumplido con sus compromisos respecto al número de refugiados sirios que cada país debía acoger, que el Mediterráneo es el mayor cementerio del mundo por los miles de inmigrantes ahogados que intentan llegar a costas europeas, omitiendo incluso el despreciable y ruin pacto de la Unión Europea con Turquía para delegar el bloqueo migratorio de más desplazados por la guerra en Siria, evitando que desde la frontera turca pudieran alcanzar Grecia, de manera similar a las barreras migratorias en Ceuta y Melilla que el gobierno español tiene con Marruecos, a sabiendas de que ni Turquía ni Marruecos son países cuyos cuerpos de seguridad estatales sean garantes de protección civil ni respeto por los derechos humanos. Malcolm Turnbull, primer ministro australiano, evitó posicionarse considerando que no era su cometido criticar las órdenes ejecutivas de Estados Unidos. Sin embargo, Trump empleó su tribuna en Twitter para burlarse de que él fuera a responsabilizarse del acuerdo entre Turnbull y Obama, consistente en acoger a 1250 demandantes de asilo desde los territorios de ultramar de Australia en los centros de detención de extranjeros situados en Manus Island y Nauru. Trump bromeó diciendo que estudiaría ese «acuerdo estúpido».

Un comandante de la fuerza aérea iraquí mostró su inquietud dado que el veto a su país afectaría incluso a los miembros de los cuerpos de seguridad como los pilotos militares iraquíes entrenados en Estados Unidos que son destinados en misiones para combatir el terrorismo del Estado Islámico (ISIS) en Oriente Medio. Jeffrey Buchalter, instructor de policía del departamento de seguridad nacional y veterano militar que sirvió en Iraq, estaba escuchando las noticias a través de MSNBC cuando se enteró de que un iraquí que había trabajado como intérprete para las fuerzas armadas estadounidenses, estaba retenido en el aeropuerto. Haber servido en Iraq tras la invasión ilegal encabezada por Estados Unidos le costó caro como a otros militares: fue condecorado por heridas de arma de fuego y aparatos explosivos. Le diagnosticaron hernia discal, traumatismo craneoencefálico y trastorno de estrés post-traumático; pasó 2 años y medio de rehabilitación en el centro médico Walter Reed Army para recuperarse. Padre de un niño y una niña, todavía cree que sigue vivo en parte por el trabajo de los intérpretes iraquíes que guiaban a las tropas. Así que llevo a sus hijos con él en un trayecto de dos horas en coche hasta el aeropuerto de Dulles en las afueras de Washington, D.C., donde, por primera vez en su vida, se uniría a una protesta.

Jeffrey Buchalter Dulles Washington Airport 2017
Jeffrey Buchalter, veterano militar con cuatro corazones púrpura, la condecoración militar más antigua de las fuerzas armadas estadounidenses a los heridos en combate.

Hameed Khalid Darweesh, iraquí de 53 años de edad, fue detenido a su llegada al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en Nueva York, pese a portar un visado especial otorgado a traductores e intérpretes de las fuerzas armadas estadounidenses que habían trabajado más de una década cumpliendo lo que oficiales estadounidenses consideraron un «leal y valioso servicio a los Estados Unidos en Iraq», según American Civil Liberties Union (ACLU). Darweesh había trabajado como intérprete para las tropas estadounidenses en Iraq entre los años 2003 a 2013, continuando su servicio de forma ininterrumpida a pesar de que durante años hubo asesinatos de compañeros de trabajo por dar apoyo a la invasión ilegal de Estados Unidos en Iraq, en la cual participaron en coalición Reino Unido y España, tras la funesta alianza en las Azores entre Bush, Blair y Aznar, criminales de guerra siempre impunes. Darweesh quería emigrar a Estados Unidos y comenzar una nueva etapa en su vida, realizando durante dos años los trámites administrativos para obtener un visado en regla, con entrevistas y exámenes para evaluar si podía ser sospechoso de terrorismo.

Los veteranos de guerra se enfurecieron al conocer las circunstancias de la detención de Darweesh. “La idea de que vayamos a detener y deportar a iraquíes que pusieron su vida en primera línea junto a tropas estadounidenses como yo es ignominiosa” declaró Jon Soltz, decano del comité de acción política de los veteranos de Iraq, VoteVets. La junta realizó una petición a Trump para rescindir las restricciones migratorias sobre los visados de los intérpretes militares que llegan a Estados Unidos.

Darweesh Emergency Motion 2017

Entre aquellos indignados con el trato dado a Darweesh estaba su antiguo compañero de la división 101st Airborne, Brandon Friedman, que conoció a Darweesh cuando el pelotón de infantería del cual era teniente entró en Bagdad para expulsar a las tropas del dictador Saddam Hussein, que controló Iraq entre 1979 y 2003, sin poder soslayarse que después de la revolución iraní de 1979, su régimen fue apoyado por Estados Unidos en la guerra contra Irán (1980-1988), si bien pasó a ser enemigo de Estados Unidos en 1991 en la guerra del Golfo Pérsico por su enfrentamiento por la extracción de pozos petroleros contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, y tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se preparó la invasión de Iraq y su captura para ser condenado a muerte por crímenes contra la humanidad, atribuyéndole además la autoría del genocidio kurdo al norte de Iraq y las masacres de su policía secreta y militares sobre las poblaciones chiíes.

El ministro de asuntos exteriores de Irán calificó la medida como una ofensa para el mundo islámico, considerando además que sería contraproducente para combatir el terrorismo. Anunció que Irán tomaría medidas recíprocas -vetar por el mismo periodo a viajeros estadounidenses- para salvaguardar los derechos de sus ciudadanos. Desde la campaña electoral, Trump mostró sus desavenencias hacia Irán, reprochando los acuerdos de la administración de Obama para frenar el programa de armamento nuclear en Irán devolviendo al país chií las inversiones en Estados Unidos, mostrando debilidad ante el chantaje de la futura producción de armas atómicas. El programa nuclear de Irán comenzó en la década de 1950-60, durante la Guerra Fría y en oposición a la Unión Soviética, bajo el programa Átomos para la Paz se firmó un acuerdo de cooperación nuclear civil. Tras el derrocamiento del primer ministro democráticamente electo Mohammad Mosaddeq en 1953 y la expulsión de los nacionalistas islámicos, apoyado por el Servicio de Inteligencia Secreta Británico y la CIA, el mandato del Sah Mohammad Reza Pahlevi recibió el auspicio de Estados Unidos y las potencias occidentales con el propósito de que Irán produjera energía eléctrica con centrales nucleares. En marzo de 1974, el Sah se refirió al futuro agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, a pesar de que el territorio de Irán está entre los países con más petróleo y gas del mundo, el monarca anunció entonces que Irán tenía previsto producir, antes del año 2000, hasta 23 000 megavatios de electricidad usando plantas nucleares. En esa etapa histórica de modernización y occidentalización de Irán subyacían intereses económicos dado que empresas como Bonn Kraftwerk Union AG, ThyssenKrupp, o General Electric tenían contratos para la construcción de las estructuras y tecnología de las centrales nucleares iraníes, los países occidentales consideraban el régimen iraní suficientemente amistoso como para reservarse importar buena parte de su petróleo, que entonces tenía una producción de seis millones de barriles (950.000 m³) de crudo al día, poniendo de manifiesto los experimentos geopolíticos que históricamente han hecho las potencias occidentales en oriente medio y el golfo pérsico.

Después de la revolución iraní de 1979 liderada por el Ayatolá Ruhollah Jomeini, las relaciones diplomáticas se deterioraron, Irán pasó de estar regida por la dinastía Pahlevi, vestigio del imperialismo persa, cuya monarquía era favorable a los negocios con las potencias occidentales, a ser una república constitucional islámica chií, bajo la tutela de wilayat faqih, la dirección espiritual de los Imames, con un sabio religioso que haya demostrado su conocimiento de la ley islámica o Sharia, por encima del presidente gobernante, que rechazó radicalmente continuar con las políticas de negocios con los países occidentales, de quienes había sido títere la dinastía Pahlevi, que desde finales del siglo XIX había concedido el monopolio del tabaco a una empresa británica y a lo largo del siglo XX suprimió las leyes islámicas para prohibir la vestimenta rigorista en las mujeres y a través de la policía secreta de seguridad nacional, masacró y torturó a los rebeldes chiíes. La hostilidad de la república moderna de Irán y su orden teocrático se manifestó en noviembre de 1979 cuando cientos de seguidores de Jomeini asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán como protesta ante el intervencionismo estadounidense, tomando como rehenes a más de cincuenta ciudadanos y diplomáticos estadounidenses. Los rebeldes chiíes exigían que Estados Unidos extraditara al Sah, quien recibía tratamiento médico y asilo, para juzgarlo en Irán por crímenes cometidos durante su reinado sobre los ciudadanos con su policía secreta, denominada SAVAK. A la vista de las consecuencias del fundamentalismo islámico, el expresidente estadounidense Carter rompió relaciones diplomáticas con Irán e impuso en abril de 1980 un embargo comercial, exceptuando medicinas y alimentos; los fondos iraníes en bancos estadounidenses quedaban congelados y contabilizados para indemnizar a los rehenes al ser liberados y pagar las demandas de las empresas estadounidenses contra Irán.

Al utilizar el programa nuclear para obtener plutonio y uranio enriquecido, con los que fabricar armamento atómico, Irán recibió el rechazo de la comunidad internacional. Estados Unidos instó al Organismo Internacional de Energía Atómica a terminar su cooperación en el programa nuclear iraní, las empresas que tenían contratos previos a la revolución de 1979 decidieron retirarse de los proyectos de construcción de los reactores nucleares, dejándolos incompletos. Irán no encontró socios entre los países europeos, pero tras la caída de la Unión Soviética recibió apoyo de Rusia y China en sus avances de enriquecimiento de uranio, aunque pese a las crisis diplomáticas de la primera década del siglo XXI nunca se llegó a demostrar que Irán tuviera bombas nucleares pero tampoco que el avance de su programa sólo les permitía tener energía atómica con uso civil; los informes del OIEA afirmaron que Irán había investigado sobre armamento. El Consejo de Seguridad de la ONU elaboró un marco legal entre 2006 y 2010 para prohibir la venta de armamento a Irán, así como dar tecnología que les permitiera lanzar misiles con cargas nucleares. La Unión Europea y Estados Unidos mantuvieron embargos y prohibiciones financieras como el bloqueo del dinero de clientes iraníes en bancos extranjeros, la restricción comercial sobre las importaciones desde Irán, y sanciones a quienes dieran suministro a Irán para su programa de armamento.

A inicios de 2016 la administración de Obama logró un acuerdo diplomático con Irán para detener su programa de armamento nuclear, con supervisiones del OIEA para comprobar el debido cumplimiento del pacto. Estados Unidos devolvería gradualmente el dinero bloqueado en sus bancos a clientes iraníes, por más de 50.000 millones de dólares, además de abrir el mercado a las exportaciones de Irán a otros países, notablemente su petróleo que alcanza 2,7 millones de barriles diarios disponibles para exportación con el beneplácito de la OPEP, también devolvió 1.700 millones de dólares a la república islámica chií como antiguo reembolso del dinero que había entregado el régimen del sah Mohammad Reza Pahlevi para comprar equipamiento militar, antes de la revolución iraní de 1979. Irán recibió su primer Airbus 321, del total de 100 aeronaves que ha encargado. Boeing anunció la venta de otros 50 aviones a Homa, la compañía aérea de Irán, cuya primera entrega está prevista en 2018, de modo que se reactive la aerolínea nacional frente al gasto de ciudadanos iraníes en empresas extranjeras para viajar.

El 1 de febrero de 2017, Emiratos Árabes Unidos fue el primer país musulmán que respaldó la orden ejecutiva de Donald Trump, a través del ministro de asuntos exteriores, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, quien declaró que la mayoría de los países de confesión musulmana no estaban vetados dentro de la orden ejecutiva, medida que calificó de temporal y decisión soberana de Estados Unidos. Esta semana se inauguró el Trump International Golf Club en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, ubicado en el centro de Akoya, una extensa urbanización de DAMAC Properties, promotora inmobiliaria de Hussain Sajwani, que fue invitado junto a sus familiares al resort hotelero de Trump en Mar-a-Lago para celebrar fin de año. Sin embargo, cuando todavía en las primarias republicanas Donald Trump prometió que como medida de seguridad nacional prohibiría la inmigración desde todos los países musulmanes y elaboraría un censo en Estados Unidos para identificar a sospechosos de yihadismo, las letras doradas en árabe con el apellido Trump fueron retiradas del exterior de la obra y los carteles de publicidad con Trump luciendo swing para promocionar la futura inauguración del campo de golf y selecto club de caballeros, fueron retirados de la avenida Jeque Zayed, en Dubái. Sólo en la segunda semana de febrero de 2017 unos operarios volvieron a colocar las letras doradas con el apellido del presidente estadounidense cuando había luz verde para la inauguración, a la cual acudieron los hijos mayores de Trump en representación.

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