Orden Ejecutiva de Donald Trump contra la entrada de terroristas extranjeros en Estados Unidos

Publicado con fecha 7 - Febrero - 2017

En su primera semana como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de medidas conocidas como executive orders, que en la terminología jurídica de otros países se asemejan a los decretos ley, donde el presidente del gobierno, como jefe del poder ejecutivo en virtud del artículo II, secciones 1,3 de la Constitución, puede dictar reformas con carácter de ley incluso sin aprobación del poder legislativo. El expresidente Bill Clinton las utilizó para evitar el Congreso en decisiones controvertidas, como la entrada en guerra en Yugoslavia, cuando los demócratas no tenían mayoría. Pese a que Donald Trump podría sentirse respaldado dado que el partido republicano controla ambas cámaras legislativas, el actual presidente estaría esquivando voces críticas, como Mike Pence o John McCain. A principios del siglo XX, el departamento de Estado comenzó a numerar las órdenes ejecutivas de forma retroactiva hasta el año 1862 cuando el presidente Lincoln suspendió el mandato de habeas corpus y aprobó la Emancipation Proclamation por orden ejecutiva.

Donald Trump firma la orden ejecutiva número 13769El 27 de enero de 2017, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva número 13769, titulada Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States). La sección tercera de la orden prohíbe la entrada de personas procedentes de Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, bajo el Immigration and Nationality Act (INA), sin importar el estatus de visado o residencia permanente, durante 90 días. La sección quinta de la orden suspende el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP) durante 120 días, además de reducir el aforo previsto de 110 000 personas para 2017 a menos de la mitad. La sección séptima de la orden trata sobre la mejora de los sistemas de control biométrico en aeropuertos y aduanas para escanear huellas dactilares y rastrear a los viajeros en una base de datos de criminales, terroristas e inmigrantes ilegales. Trump alegó en su comparecencia que la orden incluía países “previamente identificados por la administración de Obama como reductos terroristas”. La orden ejecutiva de Trump se basaba en legislación vigente como H.R.158 o las normativas de entrega de visados y protección contra terroristas Visa Waiver Program Improvement y Terrorist Travel Prevention Act de 2015, que fueron redactadas en el Congreso y firmadas por el presidente Obama. Dicha ley formó parte del Consolidated Appropriations Act de 2016, que retiró el privilegio de los 90 días de entrada sin visado a ciudadanos con doble nacionalidad que habían viajado desde alguno de los 38 países que entregaron visados para viajar a Estados Unidos desde el año 2011. Desde el año pasado todavía con Obama como presidente, se les hacía pasar el trámite de obtener un visado, los países mencionados eran Irak, Siria, Irán y Sudán, junto con aquellos presentes en la lista State Sponsors of Terrorism, países que financiaban el yihadismo; Libia, Yemen, y Somalia fueron añadidos posteriormente por la Secretaría de Seguridad Nacional.

Durante la campaña electoral a la presidencia, Donald Trump propuso medidas para proteger a Estados Unidos de atentados yihadistas, como elaborar un censo de musulmanes residentes en Estados Unidos para registrar a supuestos radicales, y vetar la entrada desde ciertos países considerando que muchos extremistas islámicos podrían utilizar el programa de reasentamiento de refugiados para entrar en Estados Unidos. Después de la masacre en el tiroteo de Orlando, Donald Trump aseguró como promesa electoral que suspendería los visados para musulmanes de países con vinculaciones terroristas, mediante una reforma en materia de seguridad nacional para bloquear la inmigración desde territorios yihadistas. Las evidencias o pruebas incriminatorias para deducir qué países deberían ser vetados son controvertidas y han sido deliberadamente tergiversadas tomando estadísticas de las agencias gubernamentales. Un informe del año 2015 publicado por Migration Policy Institute concluyó que de 784 000 refugiados por guerras asentados en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, sólo 3 fueron detenidos por indicios de terrorismo. El diario The Guardian señaló que desde que comenzara la guerra en Siria, Estados Unidos había actuado con lentitud en la respuesta a la crisis de los refugiados, comprometiéndose frente a la Organización de Naciones Unidas a acoger a 10 000 personas desplazadas para finales del año 2016. Dado que los países europeos no alcanzaron sus compromisos en el número de refugiados que darían asilo, cumpliendo unas estadísticas vergonzosas, salvo Suecia, Dinamarca o Alemania, se esperaba que Estados Unidos tuviera un papel más determinante, no una solidaridad paupérrima teniendo en cuenta que 4,8 millones de sirios han huido de la guerra a países vecinos. No se trata sólo de que Estados Unidos sea una nación construida por inmigrantes, que los cimientos morales de la Constitución y leyes fundacionales se basaron en criterios de igualdad de los individuos con mismos derechos civiles y libertades sin discriminación por etnia o confesión religiosa, por lo que el veto constituiría un retroceso que contradice los orígenes del liberalismo estadounidense. En el periodo contemporáneo violaría las leyes del Immigration & Naturalization Act de 1965 que eliminó la ascendencia o nacionalidad como criterios de admisión a inmigrantes, Estados Unidos acogió a refugiados en las tres últimas décadas del siglo XX: en los 70, Estados Unidos aceptó la entrada de cientos de miles de refugiados de Vietnam. En 1980, Estados Unidos recibió a más de 125 000 cubanos durante el éxodo del Mariel. En la década de los 90 acogieron a desplazados por las guerras en Bosnia, Somalia y Rwanda.

Difícilmente los refugiados sirios pueden ser simpatizantes del yihadismo, cuando son la población más vulnerable, mujeres y menores de edad que escapan de la atrocidad de la guerra, atrapados entre el Estado Islámico y el régimen de Bashar Háfez al-Ásad. El ISIS ha actuado reiteradamente con violencia sobre los sirios que rechazaban unirse al califato, pues huían del extremismo de los talibanes. Si Europa y Estados Unidos cierran sus fronteras dejando que Turquía impida el paso a los desplazados por la guerra de Siria, lo cierto es que refuerzan el argumento del Estado Islámico de que los países occidentales los han abandonado y la única salvación para los musulmanes sirios está en adherirse a las filas de los terroristas. Donald Trump declaró a la cadena de televisión Christian Broadcasting Network (CBN) que daría prioridad a la minoría cristiana al dar entrada a los refugiados sirios, explicando -falsamente pues se admitieron refugiados tanto cristianos como musulmanes- que habían recibido un trato despreciable por la administración de Obama. Los cristianos representan apenas entre 0.1% a 1.5% de los refugiados sirios que optaron por la protección de las Naciones Unidas para escapar de la guerra. António Guterres, responsable de la Comisión de las Naciones Unidas por los refugiados, explicó en octubre del 2015 que muchos sirios tenían lazos con la comunidad cristiana en Líbano y que algunos grupos habían solicitado la protección de la ONU.

En junio del 2016, basándose en una lista de 580 detenidos por supuesta vinculación con yihadistas entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2014, proporcionada por el departamento de Justicia, el subcomité de Inmigración, del cual fueron cargos públicos los republicanos Jeff Sessions y Ted Cruz, aseguraron que al menos 380 de los 580 reos eran extranjeros. Desde el 11 de septiembre de 2001, los atentados terroristas que causaron más muertes fueron perpetrados mayoritariamente por extremistas islámicos de Arabia Saudita, Líbano, Afganistán y Pakistán, países no incluidos entre los vetados por la orden ejecutiva. Alex Nowrasteh, del laboratorio político libertario Cato Institute, señaló que en realidad 241 de las 580 condenas, esto es un 41,5%, no fueron por delitos de terrorismo; aunque la imputación inicial fue por delitos relativos al terrorismo, finalmente no fueron juzgados por tales delitos, sino que posteriormente se cambió la calificación jurídica de los hechos. Cualquier persona con un mínimo conocimiento del sistema judicial sabe que no hay que fiarse de los atestados policiales ni de la primera calificación jurídica tras una denuncia donde generalmente se opta por la más perjudicial y grave para justificar -en la práctica cubrirse las espaldas por quebrantamientos procesales- las diligencias previas y actuaciones policiales, cuando en la mayoría de los procesos judiciales se acaban juzgando delitos que no se correspondían con la gravedad de la acusación o se descubre que los supuestos hechos descritos no eran tales.

Mapa de los 7 países vetados por la Orden Ejecutiva 13769 Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos
Mapa de los 7 países vetados por la Orden Ejecutiva 13769 Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos: Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Las estadísticas muestran el número y tipo de visados entregados a ciudadanos de dichos países en el año 2016. Fuente Wikipedia e Informe de la Oficina de Visados. Despacho de Asuntos Consulares, Departamento de Estado.

Resulta chocante que ni en la redacción, ni en la comparecencia del presidente Trump se hiciera ninguna mención a la Iniciativa Pan Sahel elaborada en noviembre del 2002 por la Oficina contra el terrorismo del Departamento de Estado, para cooperar con Chad, Niger, Mauritania y Mali, ni los compromisos de los países de la OTAN respecto a los territorios del Sahel, una amplia franja de 4 millo­nes de km² que abarca desde al océano Atlántico hasta el mar Rojo, donde se difumina la aridez del desierto del Sáhara para dar comienzo a la sabana y los cauces del río Níger, como frontera geográfica que separa el Magreb, África árabe islámica, de África negra y los cultos animistas del Vudú de la mitología Yoruba, cuyo sincretismo por el ancestral tráfico de esclavos de los reinos tribales africanos queda recogido en el folklore musulmán Gnawa en Marruecos y Argelia, así como la convivencia entre el cristianismo por la evangelización colonial con los cultos tradicionales a través de África central.

Conflictos en el Sahel
Geopolítica en el Sahel. Fuente: Monde Diplomatique.

Además de la presencia de los rebeldes tuareg, combatientes del Azawad, diferentes facciones yihadistas, entre ellas Al Qaeda, Al Murabitun, Muyao, Macina, Ansar Dine, Boko Haram, han encontrado en el Sahel un santuario donde obtener reclutas, entre jóvenes sin expectativas laborales sumidos en una pobreza estructural, una demografía con alta tasa de natalidad donde la mitad de la población son adolescentes, no tienen más salidas que emigrar clandestinamente o dejarse fascinar por el cebo de los terroristas. El histórico tráfico de esclavos ha sido sustituido por la logística de narcotraficantes, contrabandistas y grupos terroristas, a los que los países occidentales han pagado más de 80 millones de euros por rescates de cooperantes humanitarios secuestrados, la franja del Sahel recorre países como Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán y Eritrea, denominada el cinturón del hambre dado el bajo índice de desarrollo humano, es una base de reclutamiento, radicalización, financiación y preparación de la yihad. Los terroristas no necesitan una gran estructura en el Sahel, sólo usar unos cientos de dólares que provienen del tráfico de armas, drogas y secuestros, para convencer a chicos jóvenes económicamente desesperados para perpetrar un atentado; si consideran que el resultado ha sido satisfactorio, lo reivindican como propio.

Tropas internacionales en el Sahel

Bajo protectorado francés dado el pasado colonial en África, en el Sahel se diseminan soldados franceses, cascos azules de la ONU y tropas de 26 países de la Unión Europea (EUTM), para entrenar y asesorar a las fuerzas armadas nacionales para que puedan proteger sus países. Los estadounidenses tienen desplegadas bases y medios de espionaje para rastrear la franja del Sahel, además de unas embajadas blindadas construidas en serie, tanto que son denominadas McEmbassies por algunos diplomáticos. Estados Unidos conoce que los yihadistas reclutan en la zona de conflicto como un terrorismo trashumante donde la presencia continuada de militares occidentales trata de evitar que se hagan con un territorio como hizo el ISIS en Siria.

La sección primera, que describe el propósito de la orden ejecutiva, invoca el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 asegurando que la normativa del Departamento de Estado impidió a los funcionarios consulares realizar un análisis sobre los visados de los terroristas que perpetraron los atentados. Sin embargo, ninguno de los terroristas que secuestraron los aviones para estrellarlos contra el World Trade Center, provocando la mayor masacre en un atentado terrorista a Estados Unidos, provenían de los países vetados. Precisamente se excluye del veto a Arabia Saudí, Egipto, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Azerbaiyán y otros territorios donde la mayoría de la población es de confesión musulmana, excepciones motivadas por los negocios de la familia Trump en dichos países, así como de algunos de los miembros del gobierno.

Pese a que Donald Trump quiso escenificar un traspaso de todo su imperio hotelero a sus hijos para evitar conflictos de intereses con sus funciones ejecutivas como presidente del gobierno, cabe destacar que en Arabia Saudí -país de procedencia de los terroristas que atentaron contra el WTC el 11 de septiembre de 2001-, Trump ha buscado oportunidades de negocio en Jeddah, ciudad próxima a la Meca; en Emiratos Árabes Unidos, administra un campo de golf en Dubai junto con Damac Properties. En Estambul, Turquía, además de la Trump Tower, el empresario concedió una licencia para utilizar su apellido en dos edificios de lujo. En Egipto, Donald Trump es administrador de dos empresas: Trump Marks Egypt y Trump Marks Egypt LLC; mientras que en Bakú, Azerbaiyán, construyó también un hotel. En Indonesia tenía previsto abrir un hotel en Lido y Bali, en un acuerdo empresarial con MNC Group, con sede en Yakarta. El jurista David G. Post criticó que “permitir que intereses empresariales interfieran en la función pública del presidente del gobierno al realizar una orden ejecutiva” constituye una ofensa que debería ser objeto de impeachment o moción de censura, algo que el profesor universitario Allan Lichtman había sugerido que ocurriría en algún momento de la legislatura.

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